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Cómo funciona y quién financia a la RAE, la “guardiana de la lengua española”

Por: Raquel Ejerique
Miércoles 29 de Enero 2020

Amparada por los reyes, las más grandes empresas y los sucesivos gobiernos, la Real Academia Española se dedica a la regularización lingüística del castellano desde principios del siglo XVI. En esta nota, un vistazo a los números y nombres detrás de esta prestigiosa institución
En los últimos años, la Real Academia Española adquirió mayor notoriedad en el público a partir de RAEConsultas, su cuenta de Twitter en la que despeja dudas con respecto al uso del idioma español. No por nada, a la institución que nació en 1713 se la considera la guardiana de la lengua. Ahora bien, ¿cuáles son sus herramientas de financiamiento?
 
Para comenzar, la RAE no es una institución pública como se puede llegar a creer, sino privada. Si bien se le asigna un carácter oficial y de interés público, no existe en realidad un organismo estatal en España que regule el uso del lenguaje. En ese sentido, la RAE se declara una “institución jurídica con personalidad propia”.
 
 
En ese sentido, Santiago Muñoz Machado, su director, explicó a eldiario.es: “El Estado no se ocupa de regular la lengua y, desde hace 300 años ha confiado esa tarea en la RAE, que se dedica a actividades de interés general”.
 
La Corona española, por su parte, es su máxima protectora e incluso Juan Carlos, cuando era aún rey y al gobierno lo dirigía Felipe González, llegó a poner de “su bolsillo” un millón de pesetas cuando se impulsó la Fundación Pro Real Academia en 1993, el espacio que reúne su mayoritaria financiación privada.
 
Si bien la fundación no revela las cifras que llegan a sus arcas desde instituciones privadas, se especula que podría ser de hasta cinco millones anuales de euros, de acuerdo a cálculos realizados sobre su propio presupuesto anual, de siete millones y medio (a ese dinero se le debe sumar la subvención pública anual y el líquido que obtienen por la venta de sus publicaciones, en especial del Diccionario, aunque éste se encuentra en caída año a año).
 
 
Cómo es la Fundación y cómo recauda dinero
 
Presidida por el Rey Felipe VI y por el gobernador del Banco de España, la finalidad de este espacio es la de apoyar y financiar a la RAE. Allí, se encuentran los grandes nombres de las corporaciones más poderosas de España y del IBEX 35, el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles.
 
Entre los nombres que ocupan su directorio se encuentran Ana Botín (presidenta del Banco Santander),como los presidentes de Repsol, La Caixa, Prisa, Telefónica o Iberdrola, como también el constructor Villar Mir, en representación de su propia fundación. Los gigantes corporativos no son los únicos que aportan, también hay particulares como Inditex, que realizó una donación de 1,6 millones de Euros en 2019 o La Caixa, que patrocina el diccionario online y gratuito en la red. La Fundación Iberdrola, por ejemplo, firmó un convenio de 100.000 euros para la nueva edición del Diccionario.
 
En la actualidad, La Fundación es liderada por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, o Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura. En sus inicios, en un acto público el entonces Rey Juan Carlos agradeció a las comunidades autónomas por su “sensibilidad nacional” luego de que donaran 10 millones de pesetas cada una para la constitución de esta fundación. Hoy, dicen desde la RAE, las comunidades “o no aportan nada o lo hacen con importes de cuantía menor”, sin dar más detalle.
 
 
Cómo se gasta el dinero
 
Según las cuentas de la Fundación, a las que ha tenido acceso eldiario.es a través de una pregunta en el Portal de Transparencia, en 2016 (últimas cuentas accesibles) la Fundación pro RAE tenía 16 millones de euros invertidos en acciones (como Indra, Inditex o Gas Natural), fondos de inversión (Caixabank), bonos (524.000 en el Gobierno de la Comunidad de Madrid o 100.000 en Goldman Sachs o Morgan Stanley) y depósitos bancarios (6 millones). A esta cantidad hay que sumar 1,3 millones en cuentas bancarias. Todo este dinero y los intereses que pudieran generar aparecen vinculados a una utilización para “fines fundacionales”, es decir, para dotar de financiación a la RAE.
 
Los ingresos públicos resultan fundamentales para su funcionamiento, por eso diferentes directores han intentado conseguir mayor financiación por parte del Estado. El último caso conocido es cuando Darío Villanueva trató en 2018 de que se aumentara el dinero a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que entonces era de 1,6 millones: “Que quede claro que no estamos pidiendo un incremento de la asignación presupuestaria, porque asumimos la crisis que ha afectado a muchos, sino que el Estado adquiera licencias de Enclave [un canal premium] y esa retribución del servicio que proporcionamos nos permita recuperar el nivel de financiación del año 2008”, decía a Europa Press.
 
Es innegable que la crisis económica generó una baja del presupuesto. La Fundación pro RAE pasó de 23 millones en 2013 a 18 millones en 2016, según sus cuentas, y se habría mantenido en el orden de los 16 millones en los últimos años, de acuerdo a fuentes de la fundación. El presupuesto público de la Academia también cayó: si entre 2007 y 2012 era de casi 4 millones de euros al año, con los recortes que impuso el ex presidente Mariano Rajoy el número descendió a los 1,6 millones, un importe que se ha mantenido.
 
 
Aumento de la subvención
 
Pero no todo, en lo económico, pinta gris para la Academia, ya que el ministro de Ciencia y astronauta Pedro Duque consiguió la firma de un convenio que multiplica sus ingresos: el acuerdo, según lo aprobado en el Consejo de Ministros en marzo de 2019, supone que la Academia recibirá cinco millones de euros públicos al año durante 2020, 2021 y 2022, lo que permitirá unos ingresos por encima del nivel precrisis.
 
De acuerdo el convenio, los proyectos en los que se empleará el dinero están relacionados a la actualización de obras que ya existen -como el Diccionario-, y proyectos de digitalización y la promoción o formación del idioma. Desde la RAE aseguran que “los recursos disponibles se aplican por completo a la retribución de su personal y al desarrollo de proyectos” como Lengua Española e Inteligencia Artificial, que busca “evitar la rotura del español tratando de uniformar el español que usan los instrumentos digitales”.
 
Las críticas al modelo
 
Si bien la RAE posee una posición de dominio con respecto al lenguaje, los métodos de financiamiento no son del agrado de la mayoría. El catedrático Carlos Subirats, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es uno de ellos: “Las academias son anacrónicas y su incidencia en el mundo actual es nula. El problema de la lengua no es si se acepta una palabra o si ‘sólo’ lleva o no acento, el reto es el procesamiento de textos por medios electrónicos, por ejemplo, crear programas que entiendan textos enormes y te devuelvan una respuesta”.
 
“La lingüística no es una cosa de letras y normas, implica neurociencias, psicología, ciencia computacional, inteligencia artificial...”, agregó Subirats, director del proyecto del Diccionario Electrónico en Español y numerosos grupos de investigación.
 
La lingüista Montserrat Alberte denominó a la RAE “cómo una institución normalizadora semipública, con una producción menos abundante de lo que aparenta y mucho menos consistente y actualizada de lo que es exigible, puede haber llegado a ejercer una influencia social sostenida sobre los hablantes de español de ambos lados del Atlántico”.
 
 
También criticó la creación de la fundación en 1993, ya que considera que es una estrategia para que la RAE mantuviera “su preeminencia como organismo estandarizador oficial (...) sin necesidad de que se creara una institución de política lingüística estatal para el castellano, que podría haber despertado las suspicacias de los nacionalismos periféricos”.
 
En contraposición, el académico Pedro Álvarez de Miranda, director de la 23ª edición del Diccionario, tiene una visión distinta: “El Gobierno tiene una responsabilidad moral sobre las academias, para que no desaparezcan por falta de medios, y eso debería seguir siendo así. El Estado no las debería abandonar a su suerte, alguna responsabilidad cabe”.
 
El director de la RAE, Muñoz Machado, sostuvo a eldiario.es. que “la RAE tiene que centrar su actividad en los fines que le marcan sus estatutos. Desde su fundación, el diccionario, la gramática, la ortografía y la edición de obras representativas de la mejor literatura en castellano han sido sus misiones fundamentales. Estas obras hay que mantenerlas al día porque la lengua evoluciona y nuestros textos marcan la normativa, la pauta que siguen los quinientos millones de hispanohablantes. Somos la entidad reguladora de la lengua, junto a las Academias integradas en la asociación Asale. Y lo hacemos a través de esas obras”.
 
Cómo está compuesta
 
La influencia de la RAE está compuesta por 46 académicos, de los que solo ocho puestos están ocupados por mujeres (la web aún mantiene a la fallecida Margarita Salas), siendo 1979 el año en el que entró la primera mujer académica, Carmen Conde.
 
Sin embargo, los académicos no realizan el trabajo principal, del que se encargan empleados de la institución (unos 80, con un salario medio de 39.000 euros, el del director es de 65.000), mientras que las caras visibles se reúnen una vez por semana, por una hora, y no tienen salario, pero cobran dietas de 141 euros por día.
 
 
El pleno de la RAE incumple de largo la ley de paridad, aunque al tratarse de una institución privada no está obligada a observarla. El hecho de que los cargos sean vitalicios ralentiza la igualdad pero, aunque es cierto que en la última década se ha nombrado a más mujeres, desde 2009 las incorporaciones han sido mayoritariamente de académicos hombres (doce frente a seis mujeres).
 
El rol de estos académicos, que forman el pleno, es debatir sobre asuntos de la institución y propone nuevas palabras, aunque el recorrido para que la nueva terminología llegue al Diccionario es complejo: tras la propuesta, se consulta el “corpus de la academia, si la palabra se usa” en compilaciones de “millones de formas”, se buscan ejemplos en literatura o periódicos y se pasa la documentación a “alguna de las seis comisiones de trabajo integradas por académicos”. Luego se envía la propuesta a las otras academias de lengua española para que se acuerden o no modificaciones. Después de todo eso, la palabra vuelve al pleno y si pasó todos los filtros y hay un veredicto positivo, se incluye en el Diccionario. Y así viene siendo desde hace siglos.
 
¿No se limita demasiado la Academia a labores de normativa, incorporación de palabras y reedición del Diccionario mientras la lengua avanza y tiene retos tecnológicos? El director explica que la institución usa herramientas digitales punteras y reivindica el servicio que se da con el diccionario online: “¿Quién puede decir con seriedad que no estamos metidos hasta el fondo en el universo digital? Nunca en toda su historia nuestro Diccionario ha sido más útil para más personas de todo el mundo: recibe sesenta millones de visitas al mes. En la mejor época de la edición impresa del Diccionario llegaba a venderse una cifra próxima al millón de ejemplares en 12 años. De manera que nada más lejano a la realidad que afirmar que es un producto que ha dejado de interesar”.
Fuente: Infobae
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